Este mes quedaría listo el ajuste con el cual no se declararán más zonas especiales de bienes.
En Colombia existen 89 zonas francas declaradas, que se comprometieron a invertir 13 billones de pesos y cuyo nivel de ejecución va en 63 por ciento.
Excluyendo al 2007 –cuando se aprobaron 9 zonas francas sólo entre octubre y diciembre tras la puesta en marcha del régimen–, el año pasado fue el de menor cantidad de declaratorias.
Según datos del Ministerio de Comercio y de la Dian, sólo 11 fueron aprobadas.
Estos proyectos contemplan inversiones que rondan los 913.000 millones de pesos y la creación de 910 empleos directos.
Si bien el Gobierno aún no ha expedido el decreto con el anunciado ajuste al régimen franco, lo cierto es que ya es más selectivo a la hora de la evaluación de las propuestas.
Más allá del monto de inversiones y el empleo que prometan las empresas –que lógicamente es un requisito–, en la Comisión Intersectorial de Zonas Francas lo que se busca es que sí puedan cumplir con los compromisos.
Sonia Rojas, subdirectora de Gestión de Registro Aduanero de la Dian, explica que además de hacer auditorías más rigurosas, se busca un mayor conocimiento de los solicitantes y que los proyectos tengan viabilidad económica y financiera.
Fue justamente esta la principal falla de muchas empresas cuyos proyectos fueron rechazados.
Añade que es clave evitar que se propicie una competencia desleal o una distorsión del mercado. Este es el punto que más ha llamado la atención de los estudiosos del tema.
Un informe del Banco de la República señala que “resulta injustificado que empresas con características similares en tamaño, actividad y ubicación tributen con tarifas relativamente más altas en el impuesto de renta. Eso desincentivaría las inversiones que se pretendan ejecutar fuera de las zonas”.
Horacio Ayala, ex director de la Dian, considera que el régimen actual tiene beneficios exagerados que generan una competencia desleal con otros sectores y además da pie para que se genere evasión en el pago del IVA.
En ese sentido, señala que las zonas francas deberían volver a su función inicial de estimular la incorporación de bienes y servicios locales orientados a la exportación.
“Los países que las utilizan para la maquila, con buena infraestructura y mano de obra, consiguen generar empleo y que se consuman bienes y servicios nacionales”, dice.
MÁS DE 15 ACTIVIDADES INDUSTRIALES RECIBEN EL BENEFICIO
La modificación al régimen mantendrá sólo las zonas especiales de servicios.
Las 11 solicitudes aprobadas en el 2011 suman compromisos de inversión por 913.281 millones de pesos y contemplan la generación de 910 empleos directos.
Colmotores, Gecelca, la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, Extractora La Gloria, Frutícola Olmué, Cementera del Magdalena Medio, Tablemac y Habla Call Center, fueron las empresas que recibieron declaratoria como zonas francas permanentes especiales.
Estas compañías completan la lista de las 54 que han recibido este tratamiento en los últimos cinco años.
Aquí, la gran mayoría pertenece a una diversidad de actividades de la industria, que incluyen alimentos y bebidas, productos higiénicos, cementeras y energéticas, por mencionar algunas.
La agroindustria también se ha beneficiado del régimen, particularmente en subsectores como los biocombustibles.
No obstante, con la reforma que están preparando al régimen franco, sólo se podrán declarar zonas francas especiales de servicios, que actualmente representan la tercera parte del total.
Por otro lado, declararon permanentes a Celpa en Buenaventura, Zona Franca Andina en Manizales y Zofrandina en Gachancipá. Actualmente, bajo este mecanismo hay más de 1.500 hectáreas aprobadas.
Aunque todas estas empresas pagan la mitad de impuesto de renta, entre otras gabelas, el impacto fiscal no es tan fuerte como podría creerse. Según un estudio del Banco de la República, los beneficios que reciben estas empresas no representan ni el 1 por ciento del recaudo total del impuesto de renta.
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