El nuevo Gobierno Nacional ha hecho durante lo corrido del período, un número importante de ajustes a los marcos normativos de la infraestructura en el país. Vale la pena analizar y revisar el “nuevo escenario” planteado.
Por: Beatriz Ariza González Rubio,
Directora de Estudios Económicos
Gustavo Morales Cobo,
Vicepresidente
Cámara Colombiana de la Infraestructura
Durante los primeros diez meses del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, especialmente durante el último semestre, se han acumulado tal cantidad de novedades normativas, regulatorias, y económicas en torno a la infraestructura que vistas en conjunto permiten afirmar que existe un nuevo escenario. Todos los actores del sector deberán tenerlo muy en cuenta para poder seguir actuando, operando y compitiendo eficazmente.
Cada uno de los componentes de ese nuevo contexto amerita un detenido análisis individual. El propósito de este artículo es dar cuenta rápida de todos ellos para poder visualizar, integralmente, las dimensiones de la transformación.
LO FISCAL
Tanto el Plan de Desarrollo como el presupuesto nacional han apropiado recursos para la infraestructura que equivalen a un importante aumento de los montos que tradicionalmente se habían destinado a este rubro, tanto en términos absolutos como relativos. El Ministro de Transporte ha anunciado inversiones por 99,3 billones de pesos en el sector para el período 2011-2021, de los cuales 31.8 billones se invertirán en lo que resta del cuatrienio Santos.
De total de las inversiones el 56,3% se asignará a infraestructura vial, el 21,2% a lo que tiene que ver con el área férrea, el 14,2% a construcciones para el transporte urbano, y el restante 8,2% en el desarrollo portuario y aeroportuario.
Por otro lado debe señalarse que la emergencia invernal de 2010-2011 generó una cuantiosa apropiación de recursos destinados específicamente a la atención de emergencias y rehabilitación de Obras Civiles ($27.8 billones entre 2011-2014), y ha propiciado también el diseño expedito de una nueva institucionalidad para ejecutar dichos recursos. Tanto el Fondo de Calamidades, como el Fondo Adaptación cuentan con un régimen contractual especial que no se encuentra sometido a las reglas generales de la contratación pública para ejecutar los cuantiosos recursos a su disposición. La Cámara Colombiana de la Infraestructura ha insistido en la importancia de que los procedimientos contractuales especiales que dichas entidades apliquen y respeten los principios básicos relativos a la pluralidad de oferentes, la selección objetiva y la adecuada planeación.
LO FINANCIERO
Se conoció en el mes de marzo que una de las calificadoras de riesgo más importantes del mundo le había devuelto el grado de inversión a Colombia, del cual la había despojado durante la recesión de 1999. El grado de inversión facilita la llegada de nuevos recursos institucionales al sector de la infraestructura. Además de su aplicación a los proyectos de nuevos mecanismos e instrumentos financieros que antes, por la carencia de dicho grado, estaban vedados en Colombia o eran extremadamente onerosos.
Por ejemplo, se abre la puerta a la financiación de proyectos concesionados
a través de los bonos de infraestructura con garantías financieras generalmente otorgadas por un banco multilateral y/o por aseguradoras internacionales. En este esquema una sociedad concesionaria emite deuda respaldada en los ingresos del proyecto, bien en la etapa constructiva o en la etapa operativa de la obra. El aval por parte de las compañías internacionales
es posible en la medida en que el país cuente con grado de inversión.
En Chile, este modelo probó ser exitoso.
Cabe mencionar que la entrada en vigor del esquema de multifondos en el sistema pensional y la consecuente modificación del régimen de inversiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones permitirá a es tos importantes inversionistas institucionales una mayor participación en proyectos de infraestructura.
LO INSTITUCIONAL
Con base en las facultades extraordinarias concedidas por el Congreso al Gobierno recientemente, está en marcha el proceso de reforma del Instituto de Concesiones y de otras entidades del sector, como la Superintendencia de Transporte. El gremio ha estado atento a los alcances de dichas reestructuraciones, para que ellas culminen en una tecnificación y despolitización de las entidades, y para que se precisen las competencias y facultades de cada una, evitando las duplicidades y redundancias.
LO LEGISLATIVO
Al cierre de esta edición estaban a punto de entrar en vigor, dos importantes leyes que afectan de manera significativa el funcionamiento del sector de la infraestructura: el estatuto anticorrupción y la ley del plan de desarrollo.
El Estatuto Anticorrupción contiene normas que apuntan a fortalecer la labor de los interventores en la contratación pública. Al mismo tiempo esta nueva ley dota a los organismos de control de mayores potestades de vigilancia de los contratos públicos.
El Plan Nacional de Desarrollo, por su parte, contiene una heterogénea y extensa lista de disposiciones, al punto que es posible afirmar que allí está contenida una auténtica Ley de Infraestructura y Concesiones. Se introducen nuevas reglas presupuestales sobre las vigencias futuras, se modifica la clasificación de las Mypimes, se introduce toda un procedimiento para la expropiación de predios asociados a infraestructura de transporte, y se regulan los aspectos ambientales y de redes de servicios públicos de las concesiones, para solo mencionar algunos de los temas.
Vistos en su conjunto todos estos componentes configuran un “nuevo escenario” para la infraestructura colombiana. No sólo habrá más recursos, sino cambios regulatorios que fortalecen la institucionalidad del sector transporte e incentivan la participación del sector privado en infraestructura. Es importante que todos los actores del sector (constructores, consultores, concesionarios, proveedores, entidades públicas) sean conscientes de que quienes no entiendan que el juego se está dando en una cancha distinta, podrían ver afectada su capacidad de participar y competir.
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