Publicado: 03/04/2011
Dinero presenta nuevas evidencias sobre los malos manejos en la contratación de Cartagena.
Sigue la polémica
La alcaldesa Judith Pinedo Flórez firmó personalmente dos de los 13 “otrosíes” mediante los cuales su administración ha modificado a favor del concesionario los plazos y el valor de un contrato para la construcción del corredor de acceso rápido a la Variante de la ciudad, una de las obras más importantes y rezagadas de la infraestructura de Cartagena.
Los documentos obtenidos por Dinero que así lo demuestran (vea los facsímiles) contradicen una declaración de la funcionaria al diario El Tiempo en el sentido de que durante su gestión no se ha tramitado ningún otrosí y que el último de ellos fue firmado en 2007.
La historia de esas adiciones, que bajo la figura de la “actualización de costos” subieron el valor del contrato de $11.000 millones a $42.000 millones, contrasta también con las afirmaciones hechas este viernes por la alcaldesa en La W Radio y en RCN. Según ella, ni el manejo de este ni de otros contratos en su administración ha sido objeto de cuestionamiento ni escándalo.
La firma del primero de esos otrosíes por parte de su administración (el número 10 en la cuenta sucesiva que se inició durante la administración de Nicolás Curi) se produjo el 30 de marzo de 2009 y provocó la abrupta salida de su primera secretaria de Valorización, Luz Marina Figueroa. La funcionaria tuvo que dejar el cargo cuando el diario El Universal reveló que ella le había pedido una “coima” a un contratista a cambio de modificar las condiciones del contrato.
Menos de dos meses después, el 12 de mayo de 2009, cuando el escándalo ya había cesado, la alcaldesa firmó personalmente el otrosí número 11 y el primero de octubre de 2009 hizo lo propio con el número 12. De ahí adelante, el nuevo secretario, Ciro Castillo Cabarcas, suscribió de los números 13 al 17.
En su declaraciones a la prestigiosa estación radial aseguró que la opinión y los órganos de control respaldan sin reservas sus políticas que le han dado al manejo de la contratación el carácter transparente que nunca antes había tenido. No informó, sin embargo, que el contralor distrital, Hernando Sierra Porto, le envió recientemente un informe que consigna varios hallazgos de carácter administrativo y disciplinario en la manera como se ha manejado este, uno de los contratos más cuestionados (ver informe).
En la entrevista tampoco se refirió al hecho de que la Contraloría abrió la semana pasada una indagación de carácter fiscal en Edurbe, una entidad que maneja más del 30% de los negocios públicos de la ciudad (ver el documento).
En la edición impresa número 368, que comenzó a circular esta semana, la revista reveló evidencias según las cuales Diego Otoya, el primer director de Edurbe propuesto por la alcaldesa a la Junta Directiva, pagó para evitar que el Concejo Distrital lo sometiera a un debate de control político.
Durante una conversación con la revista, antes de la publicación del artículo –cuyo contenido está siendo confirmado por hechos nuevos- la alcaldesa dijo que no era cierto que empresarios cartageneros le hubieran advertido sobre los malos manejos del Edurbe y de Otoya, quien manejó contratos por cerca de $50.000 millones para obras de carácter distrital. Reconocidos empresarios de la ciudad le enviaron a la revista las actas de la reuniones en las que el Consejo Intergremial la ponía al tanto de lo ocurrido.
La funcionaria dijo a La W que no es cierto que Marco Guette, representante legal de Construcciones El Caribe Ltda., fuese uno de los principales contratistas de Edurbe. La Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem), capítulo Bolívar, le entregó a una comisión de investigadores judiciales enviados desde de Bogotá un documento sobre las recomendaciones con las que podrá comprobar, a través de la revisión de cuentas bancarias, que Guette no sólo contrata de manera directa con Edurbe sino que compra contratos por interpuestas personas.
La revista publico sólo apartes de una conversación grabada entre el veedor y periodista Carlos Ardila González y Rafael Borré, el hombre que prestó el dinero para aclarar el debate contra Otoya en el Concejo. No obstante, en otros apartes inéditos de la conversación (oiga el audio completo) Borré se refiere a las prácticas usadas por Guete para comprar los contratos.
La Alcaldesa descalificó a Borré, pues según ella él perdió toda credibilidad al haber sido destituido por la Procuraduría del cargo de gerente de la Industria Licorera de Bolívar. Esa sanción le valió también una inhabilidad por doce años para contratar con el Estado. Aún así, Borré cuenta en la conversación grabada cómo marchan sus negocios con Edurbe y asegura que en el tráfico ilegal de contratos tiene una marcada responsabilidad el actual secretario de Infraestructura de la ciudad, Antonio Flórez Garizabal.
Los documentos obtenidos por Dinero que así lo demuestran (vea los facsímiles) contradicen una declaración de la funcionaria al diario El Tiempo en el sentido de que durante su gestión no se ha tramitado ningún otrosí y que el último de ellos fue firmado en 2007.
La historia de esas adiciones, que bajo la figura de la “actualización de costos” subieron el valor del contrato de $11.000 millones a $42.000 millones, contrasta también con las afirmaciones hechas este viernes por la alcaldesa en La W Radio y en RCN. Según ella, ni el manejo de este ni de otros contratos en su administración ha sido objeto de cuestionamiento ni escándalo.
La firma del primero de esos otrosíes por parte de su administración (el número 10 en la cuenta sucesiva que se inició durante la administración de Nicolás Curi) se produjo el 30 de marzo de 2009 y provocó la abrupta salida de su primera secretaria de Valorización, Luz Marina Figueroa. La funcionaria tuvo que dejar el cargo cuando el diario El Universal reveló que ella le había pedido una “coima” a un contratista a cambio de modificar las condiciones del contrato.
Menos de dos meses después, el 12 de mayo de 2009, cuando el escándalo ya había cesado, la alcaldesa firmó personalmente el otrosí número 11 y el primero de octubre de 2009 hizo lo propio con el número 12. De ahí adelante, el nuevo secretario, Ciro Castillo Cabarcas, suscribió de los números 13 al 17.
En su declaraciones a la prestigiosa estación radial aseguró que la opinión y los órganos de control respaldan sin reservas sus políticas que le han dado al manejo de la contratación el carácter transparente que nunca antes había tenido. No informó, sin embargo, que el contralor distrital, Hernando Sierra Porto, le envió recientemente un informe que consigna varios hallazgos de carácter administrativo y disciplinario en la manera como se ha manejado este, uno de los contratos más cuestionados (ver informe).
En la entrevista tampoco se refirió al hecho de que la Contraloría abrió la semana pasada una indagación de carácter fiscal en Edurbe, una entidad que maneja más del 30% de los negocios públicos de la ciudad (ver el documento).
En la edición impresa número 368, que comenzó a circular esta semana, la revista reveló evidencias según las cuales Diego Otoya, el primer director de Edurbe propuesto por la alcaldesa a la Junta Directiva, pagó para evitar que el Concejo Distrital lo sometiera a un debate de control político.
Durante una conversación con la revista, antes de la publicación del artículo –cuyo contenido está siendo confirmado por hechos nuevos- la alcaldesa dijo que no era cierto que empresarios cartageneros le hubieran advertido sobre los malos manejos del Edurbe y de Otoya, quien manejó contratos por cerca de $50.000 millones para obras de carácter distrital. Reconocidos empresarios de la ciudad le enviaron a la revista las actas de la reuniones en las que el Consejo Intergremial la ponía al tanto de lo ocurrido.
La funcionaria dijo a La W que no es cierto que Marco Guette, representante legal de Construcciones El Caribe Ltda., fuese uno de los principales contratistas de Edurbe. La Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem), capítulo Bolívar, le entregó a una comisión de investigadores judiciales enviados desde de Bogotá un documento sobre las recomendaciones con las que podrá comprobar, a través de la revisión de cuentas bancarias, que Guette no sólo contrata de manera directa con Edurbe sino que compra contratos por interpuestas personas.
La revista publico sólo apartes de una conversación grabada entre el veedor y periodista Carlos Ardila González y Rafael Borré, el hombre que prestó el dinero para aclarar el debate contra Otoya en el Concejo. No obstante, en otros apartes inéditos de la conversación (oiga el audio completo) Borré se refiere a las prácticas usadas por Guete para comprar los contratos.
La Alcaldesa descalificó a Borré, pues según ella él perdió toda credibilidad al haber sido destituido por la Procuraduría del cargo de gerente de la Industria Licorera de Bolívar. Esa sanción le valió también una inhabilidad por doce años para contratar con el Estado. Aún así, Borré cuenta en la conversación grabada cómo marchan sus negocios con Edurbe y asegura que en el tráfico ilegal de contratos tiene una marcada responsabilidad el actual secretario de Infraestructura de la ciudad, Antonio Flórez Garizabal.
Responde la alcaldesa Consultada por Dinero, la alcaldesa Judith Pinedo preparó este documento que recoge su posición sobre el tema de los otrosíes.
“No es cierto que la presente Administración haya accedido a la firma de 17 otrosíes. El contrato de Concesión del Corredor de Acceso Rápido fue suscrito diez años antes de que yo llegara a la Alcaldía de Cartagena”. (Vea aquí su respuesta)
“No es cierto que la presente Administración haya accedido a la firma de 17 otrosíes. El contrato de Concesión del Corredor de Acceso Rápido fue suscrito diez años antes de que yo llegara a la Alcaldía de Cartagena”. (Vea aquí su respuesta)
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