Algunos demócratas, sindicatos y ONG estadounidenses lanzaron esta semana una fuerte ofensiva en contra de la ratificación del Tratado de Libre Comercio.
A través de cartas y pronunciamientos públicos, estos sectores le piden al presidente estadounidense Barack Obama no enviar el TLC al Congreso, como se lo han exigido legisladores republicanos y varios demócratas hasta que el país no cumpla con una serie de condiciones asociadas con la violencia sindical y la impunidad.
En una carta dirigida a Obama, seis legisladores de la Cámara encabezados por Jim McGovern y George Miller, le presentan a Obama un listado de 23 condiciones que Colombia debería implementar antes de que el tratado pueda ser considerado.
“Nos parece –dicen los legisladores- que las condiciones de Colombia en el terreno no permiten la consideración de este TLC”.
La solicitud fue apoyada por las ONG Human Rights Watch, Wola y el Latin American Working Group.
Así mismo, Richard Trumka, presidente del AFLCIO, uno de los sindicatos más grandes del país, dijo estar creer que Obama no presentará el acuerdo de Colombia este año pues el país no ha cumplido con “ninguno” de los requisitos que se han pedido. “Creo que se moverán con el acuerdo de Corea, pero no con el de Colombia”, dijo Trumka en un foro organizado por el Council on Foreign Relations.
Los legisladores que firman la carta ubicaron sus exigencias en tres categorías.
En la primera, que titulan “Acabar con la violencia contra sindicalistas y defensores de DD:HH:, piden establecer y aplicar políticas de cero tolerancia frente a las ejecuciones extrajudiciales y colaboración con grupos irregulares que incluya la suspensión inmediata del servicio a los involucrados. Así mismo, un aumento significativo de la fuerza pública en zonas donde operan grupos sucesores del paramilitarismo y el fortalecimiento del sistema de “alerta temprana” para que las autoridades puedan actuar de manera efectiva cuando se presenta un riesgo a la población civil.
También piden no privatizar los programas de protección de sindicalistas amenazados y dedicar más recursos al mismo. Igualmente, la eliminación de los nombres de sindicalistas que fueron incluidos en los archivos de inteligencia por su actividad sindical, entre otras cosas.
En un segundo aparte llamado “rompiendo con la cultura de la impunidad y fortalecimiento del aparato judicial e investigativo”, los legisladores piden desarrollar una nueva estrategia para la investigación de violencia sindical que debe ser consultada con sindicalistas y defensores. Esa estrategia debería asegurar que la unidad de la Fiscalía que se dedica a estos crímenes este compuesta por fiscales expertos en la materia y que solo se dediquen a estos casos.
Así mismo, que los fiscales investiguen los casos en contexto y no como casos aislados para poder dar con los autores intelectuales y asegurarse que los investigados se les retenga pues muchos procesos se adelantan “en ausencia” lo cual no contribuye a poner fin a la impunidad.
También piden aumentar el tamaño de la unidad de la Fiscalía que se encarga de investigar a los sucesores del paramilitarismo, que sea la justicia civil la que investigue los casos que involucren a agentes del Estado, que se amplíe el programa de protección de testigos, se fortalezcan las investigaciones por amenazas contra sindicalistas y defensores, y se amplíen los fondos para la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Ley Internacional Humanitaria de la Fiscalía.
El tercer aparte de las exigencias se refiere a las normas laborales en el país.
Entre ellas: “La legislación laboral colombiana debe prever explícitamente toda la gama de derechos enunciados en la declaración de la OIT sobre los principios fundamentales y derechos en el trabajo y en los ocho convenios fundamentales de la OIT que Colombia ha ratificado, conforme a los términos del TLC, aunque poco ha hecho desde que aprobó formalmente el TLC en 2007.
Estos incluyen, pero no se limitan a: los derechos de todos los trabajadores tanto públicos como privados, a la libertad de asociación y negociación colectiva sobre sus términos y condiciones de empleo; revisar la definición legal de "servicios esenciales" en que los trabajadores se les prohíbe la huelga en conformidad con las definiciones y jurisprudencia de la OIT; permitir explícitamente las partes a participar en la negociación colectiva; y reconocer el derecho fundamental a la huelga.
Debe prestarse especial atención a promover la prohibición absoluta de los actos de discriminación antisindical y otros obstáculos al ejercicio de la libertad de asociación y negociación colectiva presentada por el uso de asociados a cooperativas de trabajo, así como acuerdos colectivos en las empresas con trabajadores no sindicalizados (pactos colectivos).
El Presidente debe garantizar la conformidad legal con estos derechos a través de la promulgación de decretos, decretos, reglamentos y directivas a los ministerios pertinentes; proponiendo y logrando la aprobación del Congreso colombiano a los cambios frente a la actual legislación laboral y el código de trabajo; y aplicando con firmeza estas leyes y políticas”.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
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